La restitución del daño

Foto: Jorge Aguilar

Por: Aarón Hernández

Ya en otros artículos se ha abordado el tema de las violaciones a los derechos humanos por discriminación o algún otro factor, pero no se ha dicho que pasa cuando se exige justicia por tal acto.

Se dice que un derecho humano es exigible cuando desde la protesta social, la participación ciudadana, acceso a la información, y otras formas más, se busca su cumplimiento, es decir, que se reclama al Estado que cumpla con sus funciones respecto del derecho en cuestión.

Sin embargo cuándo ese no cumplimiento de derechos por parte del Estado se traduce en violaciones a derechos humanos, el estado debe de reparar el daño provocado. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) en el tercer párrafo del artículo uno, el cual fue reformado en 2011 establece que:

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

Lo anterior quiere decir que el Estado debe de, además de dar a conocer, no interferir, evitar que terceros afecten  y generar las condiciones para el goce de los derechos humanos; evitar que las y los servidores públicos abusen de su poder, investigar cómo sucedieron los hecho de una violación a derechos humanos, sancionar a las y los servidores públicos responsables de tal hecho y restituir las condiciones de vida digna de las víctimas al estado anterior a la violación al derecho humano en cuestión; también se habla del compromiso del Estado de no repetición, es decir, que tal hecho no se volverá a repetir ni para la víctima ni para nadie más.

Pero, ¿Qué significa el regresar a la victima al estado previo a la violación de derechos humanos? ¿Qué significa restituir la dignidad de una persona?

Regularmente el Estado, cuando ha reconocido que ha cometido violaciones a los derechos humanos y comienza con el proceso de justiciabilidad, interpreta a la reparación del daño como una compensación económica a la victima por todos gastos que le ha representado el proceso que regularmente es largo. Por ejemplo, en el caso de las detenciones arbitrarias del 1 de Diciembre de 2012, se les ofreció a las victimas regresarles el dinero que se han gastado en los pasajes, para asistir a las reuniones de conciliación y demás. A otras personas en el caso de su espacio de trabajo, se les han ofrecido algunos beneficios laborales como un lugar en el estacionamiento o mejores prestaciones.

Evidentemente el Estado está malentendiendo el concepto de reparación del daño, ¿cómo podría el dinero compensar la muerte de alguien en una ejecución extrajudicial o la desaparición forzada de un familiar?

Con ello, no se quiere decir que la compensación económica no sea un elemento de la reparación del daño, pues en muchos de los casos, las personas pierden su empleo o el sustento familiar a consecuencia de las violaciones a sus derechos como una especie de efecto dominó; sin embargo no puede representar toda la restitución.

Existen otros elementos que forman parte de la reparación del daño, como lo son las disculpas públicas y los memoriales de víctimas. Lo que hay que entender es que las personas que buscan justicia por los actos en su contra, no buscan beneficios laborales o económicos, si no que lo que ocurrió no vuelva a repetirse y volver a vivir de forma tranquila. Ciertamente es imposible que una persona vuelva a ser la misma después de vivir este tipo de eventos, pero lo que se busca es que el reconocimiento de su dignidad vuelva a quedar intacto.

Si bien es cierto que en México existe una gran red de corrupción, no se debe de dejar de denunciar las violaciones a los derechos humanos ni dejar de exigir, nuestros derechos a la memoria, la verdad y a la justicia, los cuales buscan que quede un precedente de los actos del Estado que van en contra de la dignidad humana para que no vuelvan a repetirse, que la versión oficial de los hechos sea la real para dar certezas de lo que ocurrió, que se castigue al perpetrador y se restituya la dignidad de la víctima.

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