Balance de los DESCA en 2013

Por: Aarón Hernández

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son los llamados derechos de segunda generación y cómo ya se ha mencionado en otros artículos, son aquellos que están directamente relacionados con el tema de la pobreza y la calidad de vida de las personas y las comunidades.

Los DESCA han enfrentado toda una serie de retos para su cumplimiento, el primero de ellos es el hecho de lograr asumirlos como derechos fundamentales para el desarrollo adecuado de la vida de las personas y no como servicios que son brindados por los gobiernos locales o el federal; en ese mismo sentido, una de las excusas que argumentan las autoridades es que para cumplir con los DESCA se necesita una gran inversión de recursos que no puede ser llevada a cabo por contar con presupuestos limitados.

Por otra parte, muchos de los DESCA están reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo los mecanismos para su cumplimiento no son muy claros, por ejemplo, el derecho a la alimentación se encuentra reconocido en el artículo 4 constitucional, pero México no cuenta con una ley general en la materia, tampoco se especifica qué autoridad es la responsable de vigilar el ejercicio correcto de este derecho.

Hasta antes de la reforma constitucional en 2011 en materia de Derechos Humanos, se consideraba que los DESCA no eran justiciables, es decir, que no existían vías legales para defender y exigir derechos como la vivienda digna; la educación de calidad; el nivel más alto de salud; disfrutar de los beneficios de la ciencia, la tecnología y el arte o vivir en un medio ambiente sano. En dicha reforma se habla del control de constitucionalidad, el principio pro-persona y la interpretación conforme, los cuales son elementos que facilitan muchos de los procedimientos jurídicos, de lo que resalta la posibilidad de invocar tratados internacionales que desarrollen el contenido de los DESCA, en otras palabras, si el derecho que se trata de defender no se encuentra expresado dentro de la constitución, se puede mencionar el contenido del art. 1 de la misma, y así argumentar en un escrito jurídico (amparo, denuncia, etc.) la violación a alguno de los DESCA fundamentándose en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) o algún otro documento vinculante que se encuentre suscrito y ratificado por el Estado mexicano.

Durante 2013 se han llevado a cabo algunas reformas tanto a la constitución como a leyes federales que afectan directamente a alguno de los DESCA, por el ejemplo, a la Ley Federal del Trabajo, la cual reconoce al outsourcing como una figura válida de contratación, contrario al contenido básico de los derechos laborales expresados en Observaciones Generales de la ONU o en otros tratados internacionales.

También se realizó una reforma a la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, la cual favorablemente reconoce las acciones colectivas como mecanismos para proteger el derecho al medio ambiente, sin embargo, deposita toda la responsabilidad de demostrar los daños ambientales a la ciudadanía y no a los servidores públicos.

La reforma en materia de educación entre otras cosas califica el aprovechamiento escolar en base a las horas de trabajo al interior del salón, poniendo trabas a las actividades extracurriculares o a as visitas culturales a museos y parques, colocando en tela de juicio la calidad educativa emanada de los planes de estudio. De esta última, no sólo se pone en riesgo el derecho a la educación de calidad, si no también los derechos culturales como el poder disfrutar de los beneficios de la ciencia, la tecnología y el arte, además de poder conocer y construir una identidad cultural.

La reforma fiscal, entre otras cosas tiene que ver también con los derechos laborales, especialmente de quienes trabajan bajo el régimen de honorarios, si bien esta figura ya deslindaba al patrón de sus obligaciones en materia de seguridad social, entendiendo que la persona que presta sus servicios profesionales es responsable de pagar sus propios impuestos y a través de sus ganancias satisfacer por si misma sus necesidades de alimentación, vestido, salud y vivienda;  con los reajustes al cobro de impuestos, se tiene como resultado la disminución de recursos económicos para satisfacer estos derechos.

La reforma energética, a grandes rasgos tiene que ver con la privatización discreta no sólo del petróleo, si no también con la energía eléctrica y los combustibles; si el Estado Mexicano permite la privatización de estas fuentes energéticas, se pone en riego el derecho a la autonomía, la defensa del territorio y la soberanía del país, incluso la alimentaría. México dejaría de ser un país productor de insumos no sólo para importación si no también de auto-consumo; no sería un país capaz de producir sus alimentos y recursos por si mismo, quedando a la merced de los intereses de países hegemónicos.

Por último, se rumora que vendrá una propuesta de reforma a las leyes en materia de Salud, pero ¿qué tipo de implicaciones tendrán estar reformas para el cumplimiento del derecho a la salud? ¿serán cuestiones progresivas o regresivas en relación al contenido de este derecho? ¿a quiénes afectará negativamente?

Así es el panorama en materia de DESCA, seguramente muchos de estos procesos de reforma generarán movilizaciones y procesos de exigibilidad como ya ha estado pasando con las reformas laboral, educativa y energética. Las reformas deben de ser concordantes con los contenidos mínimos del derecho, con el enfoque de los derechos humanos y sobre todo con los estándares internacionales que garantizar el mejor nivel de vida de las personas para estas cuestiones.

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