Estaciones migratorias en México: ¿Protección o violación a derechos de personas migrantes?

“Las estaciones migratorias en México, por desgracia, se han convertido en una especie de sistema de detención, donde día a día se registra a miles de personas detenidas de manera indefinida por su condición de indocumentadas.”

Por: Omar Ortega

“Lo imperceptible a la vista no quiere decir que no exista”

Hablar del fenómeno migratorio es complejo y complicado de abordar, pues maneja una gran serie de vertientes; para este caso haré referencia de la ruta migratoria en el sur de México, haciendo un especial énfasis en lo que respecta a las estaciones migratorias. Pues en lo que corresponde al trayecto que recorren las personas migrantes provenientes de países como el Salvador, Honduras, Guatemala y Colombia, por mencionar algunos, o incluso de estados de la república como Chiapas, Oaxaca y Guerrero, es donde se registran un mayor número de detenciones en estaciones migratorias por autoridades estatales.

Existen un total de 47 estaciones migratorias en todo el país, localizadas en 23 entidades federativas, las cuales se categorizan según su ubicación y condiciones de “alojo” para personas (permanentes, provisionales tipos A y B); siendo Chiapas el estado donde hay el mayor número de estas (10 estaciones), pues es uno de los estados donde se registra un mayor flujo de personas en tránsito, al igual que en Tabasco.

Las estaciones migratorias en México por desgracia, se han convertido en una especie de sistema de detención paralelo, donde día a día se registra a miles de personas detenidas de manera indefinida por su condición de indocumentados. En algunos casos se han documentado testimonios de personas que han sido detenidas por más de un año, sin tener la certeza del “¿por qué?”, sin haber cometido algún delito o falta a la ley;  y peor aún sin saber cuáles son los términos del proceso legal por el que están ahí.

Con esta situación, que contraviene todas las leyes en la materia, demuestra que la política migratoria del Estado mexicano está basada únicamente en detenciones y reclusiones, con todo y las reformas constitucionales en defensa de los Derechos Humanos de las personas y a la misma ley de migración, en lugar de atender el fenómeno de manera integral.

Si bien algunas personas vienen huyendo de extorsiones y amenazas de muerte por el crimen organizado, por cuestiones de pobreza o reunificación familiar, las personas migrantes en tránsito cruzan la frontera de México, sin saber que aquí pueden permanecer hasta más de un año en alguna estación migratoria, donde es muy complicado el proceso que determine su condición, ya sea para permitirle continuar su camino o de deportarlo a su país de origen; donde que cabe mencionar la Sociedad Civil Organizada juega un papel clave para la resolución de muchos de estos casos.

Tal es el caso de Ricardo, un joven guatemalteco de 17 años, quien experimentó lo anterior luego de permanecer detenido de febrero de 2010 a febrero de 2011 en la estación de Tapachula por no tener documentos que acreditaran su estancia en México, lo cual, según las leyes del país, constituye una falta administrativa, no un delito.

Además de ser migrante, Ricardo es menor de edad y transexual, lo cual lo expuso a una triple vulnerabilidad. Arrestado dos veces antes en 2009, a la tercera solicitó ser admitido en el país como refugiado. Con la negativa del gobierno mexicano dio inicio un proceso de reclusión largo e indignante.

Mencionó Ricardo: “El tiempo que estuve detenido fue muy complicado, porque en la estación no hay espacios suficientes para menores. Además, me enfermé por la mala comida. Se enojaban porque leía los documentos de mi caso y no permitían que tuviera asesoría o servicios de mi embajada”.

Durante su detención, Ricardo sufrió una discriminación latente; durante su estancia, estuvo con sólo tres mudas de ropa, llamadas telefónicas limitadas y restringidas, y con un servicio médico que dan a las personas migrantes sólo cuando te las ven de verdad mal, “tirado” (compartió Ricardo). Padeció también las celdas de castigo para los inconformes y las agresiones verbales de una funcionaria por su identidad sexual.

Como se ha mencionado anteriormente el detener a una persona más de 36 horas contradice a la Constitución, y en este caso el Instituto Nacional de Migración sólo es autoridad administrativa; sin embargo, hay testimonios de personas que ha permanecido por más de un año dentro de alguna estación migratoria, según la “voluntad” o el “humor” de los agentes en turno.

Las principales denuncias contra las estaciones giran en torno a las condiciones físicas de los inmuebles, pero sobre todo a la falta de procedimientos legales claros y los maltratos contra los migrantes, que en algunos casos pueden constituir tortura sicológica, como cuando son llevados a celdas de aislamiento, o amenazados con permanecer ahí de forma indefinida por supuestos motivos de seguridad.

Por desgracia, muchas de estas personas se perciben como si fueran delincuentes o como si estuvieran infringiendo la ley, siendo que únicamente recaen en falta administrativa por falta de documentos oficiales de identidad, e incluso algunos que han tratado de suicidarse como forma de presión, para que les den respuesta, por lo que resulta urgente capacitar y sensibilizar al personal de las estaciones, haciendo énfasis en la importancia del respeto a los derechos fundamentales y a la dignidad humana, dando a los migrantes información clara sobre su estatus y asesoría legal en principio.

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